Nota de prensa

La Plataforma Social demanda a la Junta de CYL que no demore más la aprobación de la ley de residencias

La Plataforma Social urgimos al gobierno de Castilla y León para que se apruebe sin más demora una ley que garantice los cuidados de calidad, tanto a las personas que se encuentran en las residencias, como aquellas que están en su casa.

Treinta meses después de declararse la pandemia del COVID y habiendo sido Castilla y León una de las comunidades autónomas con un mayor número de personas mayores fallecidas en residencias. Nadie en Castilla y León ha asumido ninguna responsabilidad por los 4.251 fallecidos en centros residenciales. Nuestra Comunidad ha sido la Comunidad con más fallecidos en residencias en función de nuestra población, sin que nadie haya asumido ninguna responsabilidad por ostentar este lamentable récor. La comisión de investigación que se aprobó en las Cortes en 2021, con la formación del nuevo gobierno PP-VOX, ha sido anulada.

La política de atención a las personas mayores en Castilla y León está plagada de promesas incumplidas y de desautorizaciones por los juzgados. En dos ocasiones el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado los Decretos con lo que la Junta pretendía regular el funcionamiento de las residencias. Los anuncios de nuevos modelos de atención a las personas mayores han sido una constante, primero llego el modelo de atención residencial “en mi casa”, después se anunciaron las estrategias de prevención de la dependencia y el envejecimiento activo, basadas en el modelo “mejor en mi casa”. Ahora se está anunciando el modelo de la “atención centrada en la persona”.  Pero la realidad es que la regulación del funcionamiento de las residencias en Castilla y León es de hace más de 20 años (enero de 2001), y continuamos sin que se cumpla la promesa realizada al comienzo de la pandemia por el presidente de la Junta, de que Castilla y León aprobaría de forma urgente una ley de residencias.

En mayo del pasado año, la Plataforma Social presentamos alegaciones al anteproyecto de ley del modelo de atención residencial para cuidados de larga duración en Castilla y León, donde planteábamos, entre otras cuestiones, que los centros tuvieran más personal y hubiera un sistema eficaz de inspección. A la vez que planteábamos que la ley debería tener un contenido más amplió garantizando los cuidados de calidad, también en el domicilio, puesto que es la opción que desean la mayoría de las personas mayores. Para lo cual era necesario que se impulsen los centros multiservicios en el ámbito rural.

El pasado mes de junio se llegaba a un acuerdo en el Consejo Territorial de la Dependencia, donde se apostaba por el modelo de “atención centrada en la persona”, tanto para aquellas personas que se encuentran en los centros residenciales, como en las que viven en sus domicilios. El acuerdo regulaba los criterios que deben tener los centros residenciales, fundamentalmente, mayor ratio de personal y con mayor formación, así como las condiciones que deben tener los servicios destinados a garantizar la “atención centrada en la persona” en sus casas: El servicio de ayuda a domicilio, la teleasistencia o el asistente personal; en definitiva, el modelo de atención que el presidente de la Junta ha anunciado que quiere implantar en el Castilla y León. Sorprendentemente el voto de Castilla y León fue contrario al acuerdo. Todavía desde la Junta no se dado ninguna explicación de porque se votó en contra del modelo que quiere implantar en nuestra Comunidad, y tampoco ha manifestado si piensa aplicar los contenidos del acuerdo del Consejo Territorial en Castilla y León.

La implantación de acuerdo del Consejo Territorial de la Dependencia conlleva que se incremente el número de profesionales, fundamentalmente personal de atención directa, a la vez que se mejoren sus condiciones laborales, lo que va a suponer que se incremente el coste de la prestación de los servicios, tanto en las residencias, como en los domicilios. Castilla y León va a tener que hacer una mayor esfuerzo económico porque el modelo que lleva años impulsado la Junta de Castilla y León está basado en servicios low cost (de bajo coste). De hecho, en 2021 Castilla y León redujo el 7,5 por ciento el presupuesto destinado atender a las personas en situación de dependencia, como ha denunciado la asociación de directores y gerentes de servicios sociales. El gasto medio que en 2021 realizó Castilla y León para atender a cada persona en situación de dependencia ha sido de 6.599 euros, el menor gasto de todas las comunidades. 1.600 euros menos que la media de España.

Desde la Plataforma Social denunciamos que es incompatible la implantación del modelo de “atención centra en la persona” con servicios low cost. Por ello demandamos que, ante la elaboración del presupuesto de la Comunidad para el próximo año, se incremente de forma significativa el dinero destinado a la atención a las personas en situación de dependencia, para que pueda mejorarse la calidad de vida de las personas mayores que viven, tanto en centro residenciales, como en sus domicilios.  Así mismo urgimos a la inmediata aprobación de una ley que garantice la “atención centrada en la persona” en las residencias y en sus casas.

Valladolid, 29 de septiembre de 2022

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